La Ley de Empleo equipara el colectivo LGTBI a las víctimas de violencia de género

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Momentos clave

La Ley de Empleo aprobada en febrero incluye a las personas LGTBI entre los colectivos de atención prioritaria del SEPE, junto a víctimas de violencia de género, de terrorismo y otros grupos. Juan Gabriel explica qué dice la norma, por qué esa equiparación le parece discutible y qué datos por generaciones consultó antes de opinar. Un episodio de opinión que él mismo abre al debate.

El episodio, en profundidad

El episodio 86 de Frogmación es un episodio de opinión, y Juan Gabriel lo deja claro desde el principio: llevaba meses dándole vueltas a si lo grababa o no. El asunto es la Ley de Empleo que el Congreso de los Diputados aprobó el 16 de febrero, en vigor desde el 1 de marzo tras su publicación en el BOE, y en concreto uno de sus puntos: la lista de colectivos de atención prioritaria del SEPE.

Antes de entrar en materia hace la aclaración de rigor. El SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, es el organismo que ayuda a buscar trabajo a quien no lo tiene y orienta a cada persona en función de lo que ha estudiado y de sus posibilidades. La ley que se aprobó pretende modernizar las políticas activas de empleo para dar oportunidades a los millones de parados que hay en España. Hasta ahí, dice, ningún problema.

La lista de colectivos prioritarios

El punto que motiva el episodio es la ampliación de los colectivos considerados de atención prioritaria. Entre ellos están las personas LGTBI, y en particular las personas trans; las mayores de 45 años; las personas migrantes y las beneficiarias o solicitantes de protección internacional; las mujeres con baja cualificación; las mujeres víctimas de violencia de género; las personas en situación de exclusión social; las personas gitanas o procedentes de otros grupos étnicos o religiosos; las personas trabajadoras de sectores en reestructuración; las afectadas por drogodependencias; y las víctimas del terrorismo.

Su lectura de esa lista es la que da título al capítulo: la norma pone en el mismo cajón administrativo a una persona del colectivo LGTBI y a una víctima de violencia de género, a una víctima de terrorismo o a una persona con una drogodependencia. Esa equiparación es lo que le chirría, tanto por el fondo como por la forma en que se presentó la noticia.

La noticia le llegó por un meme

Cuenta cómo se enteró, y el detalle importa porque explica el tono del episodio. No lo leyó en un medio: "yo no me enteré hasta que fue un estudiante que me mandó esta noticia", un pantallazo recortado que circulaba como meme en TikTok. Su primer reflejo fue no fiarse, así que se fue a la fuente original, comprobó que era cierto y decidió comentarlo.

Qué se mira al contratar

El grueso de su argumento es profesional, no ideológico, y lo apoya en su propia experiencia. Explica que en el formulario de registro de Frogames Formación se piden nombre, correo y contraseña, y que nunca ha preguntado a nadie por su orientación, su identidad, su etnia, su religión o su tendencia política: quien viene a aprender viene a aprender. Y traslada el mismo criterio al lado del empleador: lo que se evalúa en una contratación es si la persona vale o no vale para el puesto.

Añade un dato de su entorno, con el valor y los límites que tiene cualquier anécdota personal: dice tener amigos y amigas de todas las orientaciones, entre ellos una amiga trans, y afirma que ninguno de ellos ha tenido problemas para encontrar trabajo. Sobre la finalidad de la medida no es ciego: "la medida entiendo que quiera acabar con una desigualdad que a lo mejor sufren estas personas a nivel laboral". Su reparo no es que exista el problema, sino el mecanismo elegido para corregirlo.

Las discriminaciones que no aparecen en la lista

Aquí está su objeción más concreta. Si se acepta que una persona trans puede tener dificultades para encontrar trabajo, pregunta por qué no entran en la misma casilla otras situaciones que, a su juicio, funcionan igual: quien no encuentra empleo por ser obeso, por tener anorexia, o por haber pasado un cáncer y quedarse sin pelo. También menciona a quien vuelve al mercado laboral tras un accidente y meses o años de rehabilitación. Para él todo eso es el mismo fenómeno, y que el legislador escogiera unos casos y no otros es lo que le hace desconfiar de la intención.

Los datos que trae al episodio

Consciente de que puede estar hablando desde una burbuja, busca estadísticas antes de opinar. Cita una encuesta desagregada por generaciones —baby boomers, generación X, millennials y generación Z— y resume lo que ve. Entre las tres primeras generaciones, entre un 88% y un 90% se declara heterosexual; en la generación Z ese porcentaje baja al 65%. Ese descenso no se traduce en más gais y lesbianas: se mantiene entre el 5% y el 8% en las generaciones anteriores y queda en un 7% en la última. Tampoco se explica por quien prefiere no responder: "el porcentaje de los no contesta es constante en todas las generaciones", entre un 3% y un 5%.

El desplazamiento va, según los datos que cita, a dos casillas: la bisexualidad y la asexualidad. De la asexualidad dice que pasa de un 1% a un 4%. Con la bisexualidad el propio audio se contradice: primero afirma que pasa de un 3% a un 18% y, poco después, al rehacer la cuenta en voz alta, habla de pasar de un 3% a un 8% y de que la cifra se multiplica por seis. Son las dos versiones que da Juan Gabriel en el mismo episodio, de memoria y sin citar la encuesta de la que las saca; quedan aquí las dos tal cual, sin resolver cuál es la buena.

Menciona además un dato de otro orden: según dice en el episodio, también de memoria y sin citar fuente, un 8% de las personas LGTBI informa de algún tipo de agresión verbal, sexual, física, acoso o intimidación. Lo trae para sostener su idea de que la homofobia, la xenofobia o cualquier fobia hacia un colectivo minoritario no se van a corregir con una ley de empleo. La cifra es suya y va sin referencia: conviene leerla así.

La interpretación que hace del cambio generacional es suya y la presenta como tal: lo atribuye a que hoy existen etiquetas que hace veinte años no se conocían, a la edad —habla de una generación que en buena parte sigue en plena adolescencia— y a la rebeldía contra lo normativo. Es la parte más discutible del episodio y él mismo la deja abierta.

Lo que propondría en su lugar

No se queda solo en la crítica. Su alternativa es quitarle la etiqueta a la casilla: si alguien ha sufrido una agresión, que entre en la categoría de víctima de violencia, sin dirigirla a un colectivo concreto. Recuerda además que la violencia de género no va solo en una dirección y que de los casos de mujer a hombre se habla muy poco, algo que deja apuntado para otro episodio. Su temor práctico es el fraude: uno puede declararse miembro del colectivo sin serlo, y no está claro cómo se acredita.

Un episodio abierto a la réplica

Cierra como empezó, marcando distancias con cualquier lectura hostil hacia el colectivo y pidiendo que le lleven la contraria en los comentarios, porque para eso está el podcast. Y remata con lo único que sí controla del todo: en Frogames Formación esa pregunta no existe y no va a existir, porque "ni siquiera lo vamos a preguntar en el formulario de registro".